Si cada municipio tiene su
fiesta, la de su Patrón, su Virgen o la que recuerda el final de las
tareas agrícolas, podría decirse que hoy es también un poco la fiesta de
todos ellos. Y es que hace justo 200 años, Burgos vivía la constitución
de la Diputación de Burgos o, lo que viene a ser lo mismo, de la
institución que en los últimos dos siglos más ha velado por el
desarrollo de todos y cada uno de los pueblos de la provincia.
Fue un 25 de septiembre de 1813 cuando se produjo la ‘instalación’ de
la Diputación Provincial -en terminología de la época y tal y como
recoge el Libro de Acuerdos de la Institución-. Ese día eran nombrados
el Jefe Político Antonio Ramírez de Villegas, como presidente; el
intendente, Ramón Ortega, como vicepresidente; y como diputados o
vocales, Martín Roxo –presbítero doctoral de la catedral de Burgos–,
Gregorio de la Roza Ibáñez –marqués de Valbuena–, Francisco del
Castillo, Manuel de Quevedo y Pablo de Govantes.
Nacidas al calor del movimiento liberal surgido tras la derrota de los
franceses, y específicamente tras la promulgación de la Constitución de
Cádiz de 1812, los inicios de estos órganos llamados a intentar
racionalizar la administración provincial no fueron sencillos.
De hecho, con los regresos de Fernando VII al poder (1814-1820 y
1823-1833) las diputaciones desaparecieron y no será hasta su muerte y
la promulgación de una nueva legislación en 1835 cuando estos organismos
regresasen ya para no desaparecer y ya con la división provincial que
hoy conocemos.
Pero no solo hubo dificultades fruto de la situación política nacional.
Hasta el propio Ayuntamiento de la ciudad se mostraba reticente a
compartir el protagonismo en los actos cívico-religiosos con una
institución que acababa de nacer.
A lo largo de estos 200 años, la Diputación de
Burgos -a imagen de lo que ha sucedido en otras provincias- ha ido
cambiando con el tiempo. En un primer momento, como recuerda el
archivero provincial, Carlos Marquina, se trata de un «órgano
prácticamente consultivo en el que quien tiene la fuerza es el jefe
político -nombrado por las Cortes en Madrid- y por lo tanto es un órgano
centralizador».
Un carácter que se contrapone al que tiene en otros momentos. Así, en
líneas generales puede decirse que en los momentos de gobierno
‘moderado’, las diputaciones desempeñarán ese papel centralizador,
llegando a coincidir en algún momento los cargos de gobernador civil y
presidente de la Diputación mientras en épocas ‘progresistas’ gozarán de
una mayor autonomía. Situación que se alternó hasta la llegada de la
democracia, cuando se les dotó de más independencia.
En cualquier caso, desde sus competencias iniciales basadas en el
reparto de impuestos, la mejora económica de los núcleos rurales y
ciertas competencias militares derivadas de la importancia que tenía el
jefe político, la Diputación irá ganando en atribuciones esencialmente
en tres campos a medida que avance el siglo XIX.
Así, como apunta Carlos Marquina, paulatinamente se van desarrollando
las 3 grandes competencias de la institución: la beneficencia a raíz de
la asunción de este tipo de tareas que venían prestando las órdenes
religiosas, cofradías etc. y que pasarían a ser trabajo de las
diputaciones a mediados del siglo XIX; la construcción y mantenimiento
de una red propia de carreteras provinciales, y la tercera, y quizás más
importante de las que se desempeñan actualmente, la asistencia a los
371 ayuntamientos de la provincia con su millar de núcleos de población.
Si los comienzos no fueron fáciles, tampoco lo fue contar
con una sede definitiva hasta la inauguración del actual Palacio
Provincial en 1869. De hecho, la sesión constitutiva del 25 de
septiembre tuvo lugar en la Casa Posada del Jefe Político, sin que se
haya podido ubicar. Al día siguiente, la primera reunión se celebrará en
el inmueble que el Consulado del Mar tenía en el Espolón, donde
permanecería hasta su primera desaparición a mediados de 1814.
Poco se sabe del lugar en el que funcionó entre 1820 y 1823 y entre
1833 y 1841. Ya este último año se tiene constancia de la existencia de
una casa llamada Gobierno de la Provincia situada en la calle
Cantarranas la Mayor, 11 (en la actualidad Almirante Bonifaz, 11). Allí
permanecería hasta 1854 cuando el peligro de derrumbe del edificio
fuerza el traslado a la Casa de Hacienda, posible nombre de la Casa de
las 4 Torres, en la actual plaza de Alonso Martínez.
No sería el último traslado: en 1865 se marcha a una casa situada en la
plaza del Carbón, aunque ya con la vista en la ocupación de su nuevo
edificio que se estaba construyendo en el solar de la Cárcel Vieja que
se había adquirido al Ayuntamiento en 1858 y en donde permanece hasta la
actualidad.
Doscientos años de
vida dan para hechos relevantes, como el brutal asesinato de un
presidente, Isidoro Gutiérrez de Castro, no se sabe si a las puertas o
dentro de la Catedral. Fue en 1869, fruto del ambiente de confrontación
que trajo la Revolución Gloriosa de 1868. O como el Mensaje de Burgos,
un manifiesto hecho público por los diputados provinciales de Castilla
la Vieja y León el 2 de diciembre de 1918 en el que se rechazaban
abiertamente las aspiraciones nacionalistas catalanas que amenazaban con
romper la unidad de España. Un documento que declaraba inviolable e
inamovible dicha unidad pero que defendía la descentralización
administrativa de las regiones a la que se llamaba ‘regionalismo sano’.
Fuente: www.diariodeburgos.com
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